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Este fin de semana se ha cumplido un año de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El líder socialista cumple ya seis años y medio en La Moncloa, superando la marca de su antecesor, Mariano Rajoy. «No está mal para un presidente que, según el PP y muchos medios, ha estado a punto de caer cada semana. ¿Cuántas veces han anunciado que Sánchez va a caer o le van a echar? Y ahí está, al frente del Gobierno de España», aseguran sus colaboradores sin disimular su orgullo.
Sánchez se salvó de la quema electoral en la que perecieron sus presidentes autonómicos y numerosos alcaldes. Aún se escuchan los ecos del inminente fin del sanchismo. Después de la debacle de las municipales adelantó las generales y, contra todo pronóstico, alcanzó los escaños suficientes para armar una mayoría de investidura. Con partidos de izquierda y de derecha, Sánchez abrazó la causa plurinacional y durante algún tiempo, Moncloa alentó el relato de que había una mayoría progresista en el Congreso que Sánchez había sabido encabezar. El Gobierno de coalición, subrayó en su discurso de investidura era el «muro eficaz» contra «la derecha y la ultraderecha».
El muro del líder socialista permanece intacto, aunque con algunas grietas por las que se cuela la incertidumbre y en los doce meses que dura su tercera legislatura como presidente ha tenido que rendirse a la evidencia de que su mayoría de investidura ha saltado por los aires. «Se ha dado cuenta también de que el PNV y Junts no son precisamente de izquierdas», ironiza un parlamentario de la oposición.
Sánchez es un presidente que cabalga a lomos de la incertidumbre y de la precariedad parlamentaria con la misma seguridad en sí mismo que si gozara de mayoría absoluta. Fue investido en mitad del fragor de las masivas manifestaciones en contra de la ley de amnistía que pactó con Puigdemont. Un año después, la amnistía ha desaparecido como herramienta de desgaste del Gobierno por parte de la oposición y ni siquiera se ha cumplido la ley. Las decisiones de los tribunales mantienen a Puigdemont en Waterloo y nadie sabe por cuánto tiempo. El concierto fiscal para Cataluña pactado con ERC ocupa ahora el papel que en su día cumplía a amnistía en la labor de oposición contra el Gobierno de Sánchez.
A punto de cumplirse el primer aniversario, el Gobierno de coalición ha sufrido otro tropiezo parlamentario, y van... Los partidos de izquierda se niegan a aprobar la supresión del impuesto a las empresas energéticas que el PSOE acordó con Junts y el PNV. La vicepresidenta María Jesús Montero lo anunció como si ya estuviera hecho, sin considerar que Sumar -que se sienta en el Consejo de Ministros- y el resto de formaciones de izquierda lo fueran a apoyar. A cambio, los socialistas compensaron a Sumar anunciando un pacto que mantenía el impuesto a la banca y aumentaba la fiscalidad de las rentas más altas.
En este equilibrio inverosímil ha sobrevivido el Gobierno de coalición estos primeros doce meses. Las derrotas parlamentarias ya son un clásico que ni siquiera hace pestañear a Pedro Sánchez. En un discurso ante el Comité Federal del PSOE, advirtió que seguirá gobernando «con o sin el concurso del Poder Legislativo».
En Moncloa ya tienen costumbre de hacer «de la necesidad virtud» -otra máxima presidencial-, por lo que el balance del primer año es optimista. «El Gobierno ha sacado adelante los grandes temas, la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la pacificación de la política catalana con un presidente como Salvador Illa. Es verdad que otras cuestiones no han salido o están pendientes, como los Presupuestos. Al final, la complejidad parlamentaria es la que es, la mayor que ha habido nunca, y no la que nos gustaría. Vamos cerrando los pactos en la medida que es posible. La gestión de la complejidad también es un mérito del presidente del Gobierno», señalan fuentes de Moncloa.
Los partidos de la izquierda que han sostenido a Sánchez no lo ven igual y muestran su hartazgo por la la forma de negociar del PSOE. «Se nos presentan las cosas como si fueran lentejas. El impuesto a las energéticas no es negociable, es una seña de identidad ideológica. O bien el PSOE sufre una miopía total, o quieren gobernar a golpe de estrategia mediática, presentando ante la opinión pública acuerdos para los que no tiene mayoría, como si en realidad fueran a aprobarse con toda seguridad en el Congreso», señalan fuentes de los grupos de izquierda.
Todos los partidos reconocen que la tragedia de Valencia y su dura reconstrucción puede cambiar el rumbo de la legislatura. «Sánchez ha aprendido a gestionar con eficacia las situaciones de emergencia, y ya se ha enfrentado a varias como la pandemia o el volcán de la Palma. Estamos en la era de la incertidumbre, nadie puede pronosticar cómo estaremos de aquí a un año», coinciden el Gobierno y sus aliados.
Oposición fuera de España
El combate del PP contra Sánchez -el compromiso de Feijóo de rebajar el tono duró sólo unos días- ha escrito un nuevo capítulo fuera de España. El PP ha intentado proteger a Carlos Mazón echando la culpa del desastre de la gestión a Teresa Ribera. Feijóo se cobró un éxito político -europeo- bloqueando la elección de Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea por su papel en la tragedia valenciana.
De rebote, permanece bloqueada la designación de todos los comisarios que Ursula von der Leyen pactó con socialistas, populares y liberales. El PP debe este éxito a Manfred Weber, cuyo enfrentamiento con Von der Leyen es la causa última de la paralización del proceso de elección de los comisarios que deberían empezar a trabajar el 1 de diciembre. Aún se desconoce cuál será el calendario y si alguno de los nombres pactados podría peligrar. El Gobierno español acusa de irresponsabilidad a Feijóo y señala que la maniobra está destinada al fracaso.